El empresario Ricardo Salinas Pliego denuncia públicamente un presunto plan del Gobierno federal para arrebatarle el control de TV Azteca. La acusación surge a través de la red social X y se basa en información que, según él, le fue filtrada por individuos dentro de las filas gubernamentales. Salinas Pliego señala que la estrategia incluye campañas de desinformación, ataques digitales coordinados y una narrativa impulsada por cuentas falsas y comunicadores afines al oficialismo.
La denuncia de Salinas Pliego resalta que operadores políticos han empezado a promover en redes la idea de que el Gobierno debe “devolver la concesión de TV Azteca a los mexicanos”, argumentando que la televisora pertenece a empresarios ricos con intereses ajenos al pueblo. Esta estrategia se implementa en simultáneo con intentos por desmentir la aplicación de una ley de censura en redes sociales, evidenciando acciones que, a su juicio, provocan gran preocupación sobre la libertad de expresión en el país.
En su publicación, Salinas Pliego enumera una supuesta estrategia gubernamental en ocho pasos. Se destaca la difusión de ideas que sugieren que TV Azteca ha transmitido contenidos que atentan contra la soberanía nacional, un argumento que, según él, se utiliza para justificar la intervención del Gobierno. A través de esta alarma social, el plan contempla simular apertura al diálogo, solo para eventualmente retractarse, dejando en el aire la narrativa de que las concesiones deben revisarse.
Adicionalmente, el empresario acusó que la campaña incluye acciones de desprestigio hacia los dueños de las televisoras, como la fabricación de supuestas deudas fiscales o escándalos con el fin de legitimar su intervención. Asegura que el verdadero objetivo detrás de esta maniobra es entregar las licencias a personas cercanas al poder, empleando prestanombres para que la operación se vea como legítima desde el punto de vista público.
Finalmente, Salinas Pliego defiende la legalidad de las licencias de TV Azteca, cuyo costo fue de más de 4 mil millones de pesos y que tienen vigencia hasta 2042. En sus propias palabras, reitera: “solo mediante el robo podrían intentar despojarnos de ellas.” Esta situación pone en evidencia la grave problemática de la libertad de expresión y el uso del poder gubernamental para silenciar voces críticas en el ámbito mediático.
